El vocablo “seguridad” es, como la
mayoría de las palabras del lenguaje natural, ambiguo pues es susceptible de asumir
significados diversos, según el contexto en el que se ubique: jurídico, social,
financiero o administrativo, entre otros.[1] No
obstante los matices y particularidades que éste puede tener según los espacios
de aplicación, la seguridad refiere de forma básica a la ausencia, la libertad
o exención de todo peligro, daño o riesgo.[2]
Previo a la década de los noventa,
el concepto “seguridad” era utilizado de forma restrictiva en el ámbito
internacional para referir la seguridad del territorio frente a agresiones
externas, la protección de intereses nacionales en la política exterior y la
amenaza del holocausto nuclear;[3] en
tanto que en la esfera interna de los Estados era asociada con la obligación estatal
de conservar el orden a través de la represión de conductas delictivas
(seguridad pública) y con las acciones emprendidas para su salvaguardia frente
a los daños o peligros que pudiesen generar las agresiones o movimientos
subversivos internos (seguridad nacional). Este acercamiento que fue funcional
en su momento y que ponía el acento en las estructuras estatales, debió
replantearse ante los cambios operados en el nivel geopolítico mundial, el
surgimiento de nuevas amenazas a la seguridad y el avance del derecho
internacional de los derechos humanos.
Así las cosas, fue el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el primer
organismo internacional en hacer notar (a través de su informe sobre desarrollo
humano de 1994)[4]
la precariedad del concepto de
“seguridad” con el que se venían realizando tareas tanto en el ámbito
internacional como en el orden interno de los Estados, sobre todo a partir de
los cambios operados en las últimas décadas, los cuales obligaban a pensar en
la seguridad humana. En tal sentido, propuso entender que la “seguridad” tiene componentes económicos, políticos,
sociales y ambientales, que son interdependientes entre sí y que deben ser
estudiados y analizados en consecuencia. Asimismo, el organismo planteó y
argumentó el por qué la seguridad humana supone una preocupación universal por
la vida y la dignidad de los seres humanos.
Al acercamiento conceptual realizado
por el PNUD en 1994, se han sumado otros cuyo denominador común es el acento en
la protección de la persona y en el pleno ejercicio de los derechos humanos.[5] En este sentido, la Comisión de la Seguridad Humana de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) señala que ésta implica proteger a las personas
expuestas a amenazas, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones; conlleva crear
sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de supervivencia,
dignidad y medios de vida, garantizando la libertad frente a las privaciones,
frente al miedo y la libertad para actuar en nombre propio.[6] Por su parte la Comisión sobre Intervención y Soberanía de los Estados
sostiene que la seguridad humana abarca la seguridad de las personas, su seguridad
física, su bienestar económico y social, el respeto a su dignidad y valía como
seres humanos y la protección de sus derechos humanos y libertades
fundamentales.[7] Por último, conforme
a la Declaración sobre Seguridad en las Américas la concepción de seguridad en
el hemisferio se fundamenta en la protección de la persona; mejorando la
seguridad a través del pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las
libertades fundamentales, así como mediante la promoción del desarrollo
económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la
pobreza, las enfermedades y el hambre.[8]
Como
puede observarse, desde el inicio del proceso de internacionalización y
regionalización de los derechos humanos (1945, con la Declaración Universal de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas) y hasta comienzos de la década de los años
noventa son dos los modelos claramente diferenciados de seguridad. De un lado,
y en un primer momento, la seguridad tiene como eje central al Estado como
detentador exclusivo del monopolio de la fuerza, misma que puede hacerse valer
ante actores que cuestionan o disputan su monopolio, tanto internos como
externos. De otro, y una vez avanzado el discurso de los derechos humanos en el
mundo, la seguridad tiene como eje los derechos y libertades fundamentales de
las personas, sin las que es prácticamente imposible la consecución de la
seguridad.
El salto cualitativo
del concepto de seguridad, mediante su ampliación y profundización a través del
tiempo, permite comprender hoy día que la seguridad es un tema
extraordinariamente complejo, multidimensional y que involucra la
interdependencia de variables diversas que van desde condiciones educativas, de
acceso al empleo o una vida productiva, la distribución del ingreso, la
participación y la calidad democrática, la criminalidad, el acceso a la
justicia, y los niveles de corrupción e impunidad en el nivel estatal, entre
otras.
No
obstante, las dos concepciones de seguridad se encuentran muchas de las veces
entremezcladas en el discurso y en el accionar político e institucional actual.[9] De ahí que en la mesa “la
seguridad en México y las alternativas ciudadanas” se pretenda partir de la
concepción más moderna de la temática, la cual permite ver el tema de seguridad
desde la complejidad que le acompaña.
[1] Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22ª
ed., Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 2001, p. 2040.
[2] Ídem.
[3] Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo
Humano 1994, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 26.
[4] Ibídem., pp. 26-28
[5] Fuentes, Claudia y Rojas
Aravena, Francisco, Promover la seguridad
humana: marcos éticos, normativos y educacionales en América Latina y el
Caribe, UNESCO-Flacso, Francia, 2005, p. 19.
[6] Comisión de
Seguridad Humana, La seguridad humana
ahora, Nueva York, 2003.
[7] Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, La responsabilidad de proteger, 2001, p.
15.
[8] Organización de Estados Americanos,
Declaración sobre Seguridad en las Américas, de 28 de octubre de 2003, punto 4,
inciso e y f.
[9] Olvera Rivera, Alberto; Zavaleta
Betancourt, Alfredo y Andrade Guevara, Víctor Manuel (Coord.), Diagnóstico de la violencia, la inseguridad
y la justicia en Veracruz, Universidad Veracruzana-Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Xalapa-Veracruz-México, 2012,
p. 13.
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