- ¿Qué papel juegan las condiciones económicas, políticas y sociales imperantes en México respecto a la seguridad?
- ¿El diseño jurídico, institucional y de políticas públicas del país coadyuvan con la consecución de seguridad?
- ¿Cuál puede ser el impacto de temas como la corrupción y la impunidad en el de la seguridad?
Hola, soy Rebeca Contreras, investigadora del CEDEGS-UV.
ResponderBorrarRespecto del primer punto, me parece que las condiciones económicas y sociales son el detonante para que en México la seguridad sea un tema central. Por diversas razones: Primero, porque existe una distribución inequitativa de la riqueza que implica, en sí misma, una vulneración de los derechos más elementales de las personas, lo que significa que más de la mitad de la población no dispone de condiciones mínimas de vida digna, lo cual es ya un problema fundamental para la seguridad. Segundo, porque al existir esa precariedad la posibilidad de desarrollo cultural y social es limitado, lo que implica que vivamos en una cultura de "barbarie" donde la solidaridad no es un valor preponderante. Tercero, porque cuando existen condiciones de vida por abajo de los mínimos humanos, las personas hacen lo necesario para sobrevivir y si la cadena delictuosa los alcanza no tienen reparos en inmiscuirse en actos delictivos que, además, han sido solapados de formas diversas en la historia del país.
Es importante precisar que de acuerdo a las manifestaciones delictivas, las explicaciones son diversas, no todos los delitos o formas de violencia se explican de la misma manera, aunque me parece que en todos los ámbitos las condiciones económicas y sociales son relevantes. Con lo anterior no quiero decir que sólo las personas en pobreza extrema cometen delitos, sino que son altamente vulnerables y tienen la posibilidad de convertirse en víctimas o victimarios.
Aunque el tema de la criminalidad de los poderosos es aún más complejo. ¿Qué lleva a las personas con una condición económica o política alta a cometer conductas delictivas? Como por ejemplo, la corrupción de los funcionarios o el involucramiento de servidores públicos de alto nivel o empresarios en actividades del crimen organizado.
La seducción del poder es tal que resulta irresistible, aunado a la perversión de las clases poderosas que están acostumbradas a la impunidad y el despilfarro. Junto a ello los enormes grados de violencia que se viven en el país hacen cada vez más fértil la posibilidad de conductas violentas y delictivas con la consecuencia de disminuir drásticamente la calidad de vida, sobre todo de la clase media.
El tema de la influencia de la situación política, me parece que debe ser relacionado con el de corrupción e impunidad que comentaré posteriormente.
Saludos a todos.
Soy Ana Gamboa de Trejo, Investigadora del CEDEGS.
ResponderBorrarMi comentario va por el lado de la segunda interrogante: ¿El diseño jurídico institucional y de política públicas del país coadyuva con la consecución de seguridad?
Puedo decir que el modelo proviene sin lugar a duda de las teorías absolutistas en donde el arreglo entre las partes era (es) a través de la intimidación. Lo que da lugar al diseño mayormente acentuado hoy en día de intervención policiaca y de represión, más no de prevención del delito. Equivocadamente y amanera de justificación las políticas del estado no se han significado por advertir y dar solución a la variedad de factores que insiden en la inseguridad como bien dice Rebeca, lo que trae aparejado la inconsistencia de las política públicas diseñadas por los que tienen en sus manos las decisiones políticas - no político criminal - que es otra cosa. Hoy, es fácil observar el grado de inseguridad que generan los grupos militarizados y policiacos, que si vemos es una cuestión paradójica porque serían ellos los indicados para propiciar una seguridad que se traduce en no sentir temor y estar a salvo. Pero esto sería lo immediato lo mediato ya lo comentó Rebeca. La inexistencia de políticas criminales se traduce en que no hay solución al desempleo, pobreza extrema, educación salud y gran etcétera. Es más fácil y menos costoso reprimir, intimidar e improvisar.
Saludos a todos
Me parece muy importante el comentario de Ana, porque pone en evidencia la visión y la cultura de represión que ha imperado en las políticas de seguridad. Ahora bien, cuando en el 2012 se presenta una visión más preventiva y tendiente a la seguridad ciudadana (no ya a la seguridad pública) y, en este sexenio, ofrecer recursos presupuestales sin precedentes para la prevención. El problema es que no ha cambiado la manera de pensar y hacer las cosas por parte de las autoridades y, por desgracia, de la propia sociedad; otro problema adicional es que existe ya una estructura de prevención pero, como en todos los temas, no se sabe bien a bien a dónde van a parar los cuantiosos recursos y mucho menos los resultados que se tienen (si es que los hay).
ResponderBorrarLo mismo ha pasado con la implementación del sistema de justicia penal acusatoria, que durante ya varios años ha constituido una fuga de recursos sin precedentes y, REALMENTE, los resultados son en ocasiones patéticos, al menos en Veracruz.
Ahora bien, me parece que los esquemas actuales tanto procesales como de prevención van por buen camino pero mientras no existe transparencia y rendición de cuentas ello jamás será suficiente. Es ahí donde aparece la responsabilidad social de los ciudadanos de exigir resultados y, sobre todo, conocer el destino de los millonarios presupuestos que se dedican a estos temas y a la seguridad, en general.
Gracias
Rebeca
Estimadas doctoras Ana Gamboa y Rebeca Contreras, muy agradecida por sus comentarios. Considero que ellos abonan en y enriquecen la idea de que el tema de la seguridad en México es mucho más complejo e involucra mucho más variables de las que, desafortunadamente, suelen ser atendidos en el nivel de las políticas públicas en el país, pese a los avances existentes en el nivel normativo en el país. Saludos cordiales, seguimos en la recepción de ideas.
ResponderBorrarGracias
Jaqueline Jongitud