Por Teresa Da Cunha Lopes
Cuando hablamos de Seguridad Nacional versus Derechos Fundamentales, dos temas centrales deben ser debatidos: 1.- La urgencia de legislar sobre el uso militar y sobre el uso comercial de los drones en México; 2.- la necesidad de delimitar el alcance de las actividades que las autoridades pueden realizar para monitorear nuestras huellas informáticas y nuestras actividades en red.
Este texto intitulado "Seguridad Nacional versus Derechos Fundamentales , Parte I, es una introducción al tema identificado en el punto 1 y que basicamente se enfoca a alertar sobre la urgencia de legislar sobre el uso militar y sobre el uso comercial de los drones en México.
En un otro post del blog , trataré el punto 2, anclando el tratamiento a la cuestión de la geolocalización
En los últimos años la constante presencia de los drones (o predadores) en el espacio aéreo de México ha dejado de ser un tema de ciencia ficción para pasar a ser un tema de actualidad.
Drones estadounidenses han estado sobrevolando la frontera con México y penetrando en el territorio nacional en búsqueda de narcotraficantes y monitorearando los migrantes que intentan entrar ilegalmente en los EE.UU.
En diversas ocasiones, estos aviones no tripulados(drones o predadores) han ayudado a la captura de capos de la droga como Joaquín “El Chapo” Guzmán. Aparte de la captura del Chapo,los drones han sido fundamentales para la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, el líder del cártel de Los Zetas, así como en el operativo en que murió Arturo Beltrán Leyva, entre otros. También han sido de gran ayuda en la localización de las bandas de secuestradores, de los grupos que ordeñan los ductos de combustible de Pemex, en la obtención de la cartografía de los movimientos de los traficantes de drogas cerca de la frontera México-Estados Unidos.
Desde Febrero del 2011 el ejecutivo norte americano tomó la decisión de intensificar su participación en la guerra contra las drogas de México, para lo cual se ha firmado un acuerdo entre Obama y el entonces Presidente mexicano, Felipe Calderón, en Marzo del 2011.
Como resultado, el gobierno de Obama ha comenzado a enviar aviones no tripulados en misiones que penetran profundamente en territorio mexicano, un paso allá de la política vigente desde los años 90′s en que los drones sólo eran usados sobre frontera.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses y mexicanos, en declaraciones que han sido hechas públicas (Ver: la edición Huffington Post del 16 de Marzo del 2011), estas misiones en territorio mexicano tienen como objetivo información de inteligencia que ayuda a localizar a los principales traficantes y seguir sus redes.
A partir de la firma formal, en la reunión en la Casa Blanca del 3 de marzo por el Presidente Felipe Calderón y su homólogo norteamericano Barack Obama, del acuerdo para continuar los vuelos de vigilanciael Pentágono comenzó a desplegar de forma sistemática, drones armados sobre los cielos de México en el mes de marzo del 2011, con la intención de recoger información de inteligencia en apoyo a las agencias policiales mexicanas.
Los vuelos son realizados por los drones, aviones no tripulados Global Hawk -los mismos que se utilizan para el espionaje en la guerra de Afganistán-, unos aparatos que vuelan a más de 10.000 metros de altitud y que son invisibles desde tierra.El objetivo de los drones es seguir al minuto los movimientos de los sospechosos implicados en el narcotráfico con el fin de localizar y desmantelar sus redes.
La ayuda estadounidense se ha mantenido en secreto debido a las restricciones legales en México y la sensibilidad de la opinión pública con cuestiones relacionadas con la soberanía e el intervencionismo estadounidense en el continente.
Antes del estallido de la violencia del narcotráfico en México, que ha dejado más de 34.000 muertos en los últimos años, dicho acuerdo habría sido prácticamente impensable. Además de los vuelos no tripulados de los drones, EE UU lleva años entrenando a miles de policías y tropas del Ejército mexicano, aportando equipo y tecnología en la batalla contra el narco, colaborando con las unidades de seguridad mexicanas, llevando a cabo actividades de espionaje en México y actualización de equipos de seguridad y tecnología de la inteligencia mexicana.
Fue México quien pidió a Washington el uso de los aviones espía (que hasta ahora solo supervisaban la frontera) dentro del espacio aéreo mexicano para recabar datos que ayuden a desmantelar las redes de narcotraficantes.
Sin embargo, los parlamentarios mexicanos nunca han autorizado la apertura del espacio aéreo nacional a los vuelos de estos aparatos ni tampoco se les ha presentado ningún balance de estas operaciones. En la práctica, México no ejerce ningún control sobre esa labor de inteligencia que Estados Unidos realiza sobre el territorio mexicano e incluso depende de su poderoso vecino para saber lo que pasa en su propio suelo.
Ahora bien, este es un tema controvertido, tanto bajo un punto de vista político (reforzado por el sentimiento popular anti- intervención estadounidense ) y poco claro bajo un punto de vista jurídico. Por un lado es ilegal que agentes extranjeros porten armas en territorio nacional o estén directamente a cargo de las investigaciones penales o de escuchas telefónicas.Por otro lado, si un país extranjero quiere tener algún tipo de operaciones militares en el espacio aéreo mexicano, la Constitución establece que el presidente obtenga la aprobación del Senado de la República.
Es evidente que la cooperación entre EE UU y México en materia de lucha contra la droga es muy opaca. A pesar de que ambos países reconocen la existencia y extensión de su trabajo conjunto que ha sido crucial para capturar a al menos 20 grandes capos, los acuerdos se mantienen en el más absoluto secreto: “La única manera en la que vamos a poder seguir haciendo lo que estamos haciendo en territorio mexicano es si permitimos que de alguna manera México lo pueda negar cuando quiera”, afirmó el exjefe de operaciones de la DEA, en declaraciones al New York Times (ver artículo de THOMPSON, Ginger. “U.S. Drones Fight Mexican Drug Trade”, edición del 15 de Marzo del 2011, NYTimes).
Quiero dejar muy claro, aquí, que desde el punto de vista que defiendo en esta columna de opinión, hay que separar, tajantemente, dos situaciones:
1.- El uso de esta tecnología para operaciones de reconocimiento, de vigilancia, de inteligencia y de apoyo a operaciones organizadas y ejecutadas por las Fuerzas Armadas de México en territorio nacional, en cumplimiento de órdenes ejecutivas derivadas de la autoridad presidencial con base al artículo 89o. Constitucional, y que pueden tener o no el apoyo técnico estadounidense en base a convenios bilaterales, no me parece que coloque ningún problema jurídico-ético;
2.-Por otro lado, tenemos el uso de los “Drones” o “Predadores” como un instrumento de una potencia que se auto proclama la primera fuerza de contrainsurgencia del mundo y que se atribuye la autoridad “legítima” de intervención preventiva, disuasiva, militar o punitiva en cualquier parte del globo, en cualquier territorio soberano, sin autorización o conocimiento de los respectivos gobiernos. O, el caso de operaciones de “limpieza” en que ejecuta extra-judicialmente penas de muerte sobre individuos que declara enemigos de la seguridad nacional estadounidens.
Sin embargo, es de resaltar que en un futuro no muy lejano,, México ya no tendrá que depender de los aviones no tripulados construidos y controlados por sus vecinos del norte.
Desde 2008 hasta el 2013, el país ha estado desarrollando su propia flota de aviones no tripulados, una pequeña pero creciente fuerza que ha sido una parte integral de la guerra contra los carteles de la droga .
De acuerdo con contratos de adquisición de las aeronaves, formatos de requisición de bienes e información del estatus de los aparatos –documentos obtenidos por Contralínea a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, una entidad del ámbito de la seguridad pública –la Policía Federal– y tres de la seguridad nacional –la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)– cuentan, en conjunto, con al menos nueve drones.Según esta información , la Policía Federal opera dos vehículos aéreos no tripulados UAV Hermes 900 MALE, cuyo costo ascendió a 48 millones 500 mil dólares: aproximadamente 638 millones 889 mil 255 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio al 7 de octubre de 2013. La Sedena adquirió dos UAV Hermes 450 por 25 millones de dólares: unos 329 millones 324 mil 358 pesos actuales. Adicionalmente, el Cisen habría adquirido dos unidades del tipo MiniVANT, de los cuales se desconocen el modelo y la marca, por 28 millones 404 mil pesos. Y la Semar cuenta con tres aeronaves de diseño y fabricación propia (tanto VANT como MiniVANT) en las que habría invertido aproximadamente 5 millones 199 mil 795 pesos.
Sin embargo, en la actualidad México dispone de una flota de drones mucho más amplia que la mencionada en el informe del IDAI.
Con efecto, varias agencias federales desplegan más de 30 drones Hermes tipo 400 y 450,de fabricación israelí, aviones no tripulados , que pueden transportar una carga útil de hasta 770 libras a lo largo de la frontera y en operaciones de seguridad nacional en diversos estados de la República. Otros drones de la actual flota de las agencias federales son mucho más pequeños, incluyendo un avión no tripulado de 4,5 por 9,5 metros , cuyo tipo y el origen no han sido revelados .
Estos aviones no tripulados (drones o predadores) son usados por la Policía Federal, el Ejército, la Armada y por la agencia de inteligencia federal , Cisen. Están equipados con dispositivos para interceptar las llamadas telefónicas o las cámaras que transmiten imágenes en tiempo real. Los drones son guiadas por satélites y pueden volar hasta 20 horas de forma autónoma, pero todavía necesitan equipos de control en tierra para los movimientos más elaborados.
En los últimos años, el gobierno mexicano ha estado también trabajando con Hydra Technologies, una empres de Guadalajara para la fabricación de aviones no tripulados diseñados en México que con el tiempo podrían competir con Estados Unidos y modelos israelíes.
Pero, la urgencia de legislar sobre el uso de los drones en México va más allá de la necesidad de establecer protocolos para el uso militar y/oen tareas de seguridad nacional y de seguridad pública. El problema radica también : 1.- en el uso por gobienos de diversas entidades federativas , como por ejemplo en el Distrito Federal, para monitorear manifestaciones de carácter político y, 2.- en el creciente uso comercial de los drones y en las lagunas legislativas del uso del espacio aéreo del país.
David Weekly, director de DRONE VC en entrevista al periódico mexicano ( excelente digáse de pasaje) El Economista, en un artículo publicado el 29 de junio del 2014 , intitulado ” México , la Tierra Prometida de los Drones”, habla precisamente de este aspecto : “La capacidad de manufactura del país aunado a la poca regulación del espacio aéreo en el país hacen que los cielos mexicanos se conviertan en un lugar atractivo para su despegue (…) . Creo que México tiene un papel muy interesante en esta industria, no sólo por las capacidades de manufactura del país sino también porque hay relativamente pocas restricciones para el uso del espacio aéreo por lo que no es una mala idea para compañías de Estados Unidos, que no tienen permitido operar un dron en Estados Unidos para que vengan a México a construir su compañía, hacer pruebas y lanzar servicios comerciales”.
Hay que enfatizar que el potencial de la producción y comercializaciónde los drones es un campo que puede generar ingresos millonarios, de acuerdo con análisis de la industria. Un estudio de la firma de análisis Research and Markets proyecta que en el 2018, el mercado mundial de aeronaves no tripuladas crecerá a 8,351 millones de dólares, desde los 7,098 millones actual.
Por otro lado, Teal Group, una consultoría de investigación para la industria de la aviación y aeroespacial proyecta que en el 2022, el valor del mercado de los vehículos teledirigidos será de 11,400 millones de dólares. Aunque el gasto será, principalmente, de las agencias de seguridad.
Asinmismo, es de resaltar la importancia que esta industria tendrá en la conformación de clusters ( polos de desarrollo académicos., de investigación e industriales ) en diversas entidades federativas. Por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, uno de los polos de desarrollo tecnológico más importantes de México, se comenzó a gestar hace nueve meses por parte de algunos aficionados a esta tecnología un proyecto de I&D, llamado DroneProject. (http://droneproject.org/): “La idea del proyecto inició hace cerca de ocho o nueve meses pero hace aproximadamente seis meses empezó a integrar a las personas. Actualmente tenemos 70 miembros registrados pero siempre hay más personas que están interesadas y van a las reuniones”, aseguró Edwin Gómez, durante el encuentro tecnológico Campus Party.
Uno de los objetivos de esta iniciativa es incentivar el emprendimiento a través del desarrollo de los vehículos aéreos no tripulados e insertar esta tecnología para el beneficio social.
Es evidente que los drones dejaron de ser un tema de ciencia ficción y son una realidad en el panorama actual mexicano.
Presentes en las tareas de seguridad nacional y de seguridad pública; centrales en la cooperación bi-nacional en la frontera y en la lucha contra el narco; cada vez más usados en diversas actividades civiles (agricultura, arqueología, deporte, protección medioambiental, Google View Street) , su omnipresencia obliga a establecer con urgencia una agenda legislativa que defina el encuadramiento del uso de los drones en operaciones militares, en operacones de seguridad, en operaciones de inteligencia, en actividades civiles. Encuadramos normativo que, en particular establezca las bases de un equilibrio, entre su uso y el respecto a los derechos fundamentales tales como el derecho a la vida,al debido proceso, a la Privacidad y a la protección de datos (geolocalización)
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